Ahora, se entiende, mucho mejor que antaño, que la apertura de la economía y la libertad económica, de circulación de personas, capitales, ideas e iniciativas, acompañada de la correspondiente regulación eficiente, son las claves de la competitividad de las actividades económicas, el crecimiento económico sostenido, el bienestar de la población y el progreso.

Los sectores más relevantes son el comercio, el turismo y el sector financiero pero el futuro será, sin duda, distinto. Las actividades de hoy son la plataforma sobre la que se asentarán nuevas profesiones, expresión de un futuro prometedor en el que se articularán los intereses y esperanzas de los ciudadanos andorranos y de otros lugares con la oportuna colaboración de las inversiones y la creación de puestos de trabajo, cada vez más cualificado.

Los datos ponen de relieve la solidez de la economía andorrana. La población estimada se acerca a las 75.000 personas de las cuales, en marzo de 2018, 40.877 eran asalariadas y el salario medio es de 2.111€ mensuales. El PIB per cápita correspondiente al año 2017 era de 35.747€. Con un número de visitantes superior a los ocho millones, la tasa de crecimiento es elevada y la tasa de inflación es baja merced a la eficiencia y la competencia efectiva.

El día 21 de junio de 2012, el Consell General dio un gran paso por la senda de la modernización de la economía Andorrana y aprobó una ley importante: la ley 10/2012, de Inversión extranjera en el Principado de Andorra, que modernizaba el texto del año 2008. Su exposición de motivos es elocuente y manifiesta una inequívoca voluntad liberalizadora, condición necesaria para el crecimiento y el progreso económicos en el contexto de un mundo abierto y competitivo. Una de sus afirmaciones lo exhibe con claridad y contundencia: “la apertura económica es el camino que ofrece más garantías de éxito para asegurar una nueva fase de crecimiento y prosperidad a la economía y la sociedad andorrana”. Breve, conciso y robusto. Una excelente plataforma sobre la que asentar el andamiaje jurídico y la voluntad modernizadora de los dirigentes políticos liberales del Gobierno de Andorra.